Campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe -

Mensaje

Exigieron al gobierno y al ministro Oscar Ugarte el protocolo nacional de atención de aborto legal. Sucesivos gobiernos incumplen con disposición aprobada en el Código Penal en el año 1924. El aborto terapéutico permite salvar la vida de mujeres cuyos embarazos ponen en riesgo su vida o pueden causarles un grave daño a su salud física o mental. La atención del aborto terapéutico sigue bajo candado en el actual gobierno, pese a que su legalidad data en el país desde el año 1924 en que fue establecido en el artículo 19 del Código Penal a fin de preservar la vida de gestantes en riesgo de morir o de sufrir daños permanentes en su salud física o mental. El 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, organizaciones de mujeres realizaron un plantón a las 12 del día frente al Ministerio de Salud exigiendo al titular Oscar Ugarte cumpla con aprobar el protocolo que instaure la atención del aborto terapéutico como parte de los servicios públicos de salud, y a profesionales del sector el marco regulatorio para su actuación. En la actualidad, no existen condiciones para que las mujeres con embarazos riesgosos para su vida y salud ejerzan su derecho de solicitar su interrupción legal, es decir, acceder al aborto terapéutico, lo cual vulnera sus derechos humanos. Como se recuerda, en octubre del 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a favor de la joven Karen Llantoy a quien en el 2001 se le negó el acceso al aborto terapéutico en el Hospital Loayza; y exhortó al Estado a tomar las medidas que eviten casos similares. Sin embargo hasta la fecha, no se ha cumplido con aprobar el protocolo que garantizaría la provisión del servicio de manera segura. Sucesivos intentos durante las gestiones de la ministra Pilar Mazzetti y de Carlos Vallejos por aprobar esta norma se han estrellado contra presiones impulsadas por la jerarquía católica opuesta al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Inclusive en febrero del 2008 el arzobispo de Arequipa Javier del Río Alba bloqueó la vigencia del protocolo aprobado por la Gerencia Regional de Salud en diciembre del 2007, en una clara intromisión de la iglesia en los asuntos públicos. El protocolo establecía 24 casos para proceder a la interrupción legal del embarazo así como la ruta administrativa para su acceso. En el Perú, más de 1000 mujeres interrumpen cada día embarazos no deseados en forma insegura, arriesgando su salud y sus vidas. Muchas muertes maternas se evitarían si peruanas con gestaciones de riesgo tuvieran una atención adecuada de aborto terapéutico. Lima, 28 de setiembre de 2009 Fuente: http://www.manuela.org.pe
Enviado por http://blog.unijimpe.net