Recibe CIDH demanda de 2 casos emblemáticos en gobierno de Fujimori.

Niega Perú justicia a mujeres víctimas de esterilización forzada

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 16 jul 10 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió una demanda contra el Estado peruano, interpuesta por la negación del acceso a la justicia para  mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La organización feminista "Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer" (Demus), informó en un comunicado que el 11 de junio pasado, presentó la demanda ante la CIDH, con dos casos de esterilización forzada, calificados como emblemáticos, porque revelan lo ocurrido a más de 200 mil peruanas, en su mayoría pobres de zonas rurales y urbano marginales en los años 90.

Información proporcionada a Cimacnoticias por Mariela Jara, integrante de la organización peruana, precisó que lejos de que el gobierno hiciera justicia y reparara los daños ocasionados a las mujeres, dejó  impune el delito, que se considera de lesa humanidad.

Una investigación presentada en 2002, por organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres en el país revela que entre 1996 y 2000, se realizaron 215 mil 227 ligaduras de trompas y 16 mil vasectomías.

Diana Portal, abogada del caso señaló que acudieron al sistema regional de protección de derechos humanos, ya que ante la instancia nacional, se agotaron los recursos para obtener justicia.

"Es fundamental que el Estado peruano reconozca su responsabilidad internacional, al haber violado de manera sistemática y generalizada los derechos reproductivos de miles de mujeres peruanas, que termine la impunidad, y que las víctimas  reciban una reparación integral por los daños irreversibles sufridos".

Los casos presentados ante la CIDH son el de una mujer que murió en julio de 1997, a consecuencia de la operación realizada en el hospital de Piura, a donde llegó tras el incesante acoso del personal de salud.

Así como el de una mujer migrante andina quechuahablante de la zona periférica del distrito La Molina,  que fue convencida de practicarse una ligadura de trompas a la que finalmente se negó al observar el abundante sangrado en otra paciente. Fue entonces llevada a la fuerza a la sala de operaciones del hospital Hipólito Unanue y amarrada para proceder con la intervención.

Demus, precisó que esperan que a través de los casos de estas dos mujeres, cambie el estado de impunidad en el que se encuentra el caso de esterilizaciones forzadas, y las miles de mujeres víctimas, así como el de algunos hombres, puedan acceder a la justicia.

Hace más de 10 años, esta misma organización, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron la denuncia sobre el caso de Mamérita Mestanza ante la CIDH.

En el caso, se denunciaron los hechos ocurridos durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como una medida del gobierno de Alberto Fujimori para el control de la natalidad.

De 1996 a 2000, fueron esterilizadas a través de engaños y de manera forzosa, 2 mil 74 mujeres, 20 de ellas murieron, de igual manera la población masculina también fue víctima, ya que los hombres fueron sometidos a vasectomías, sin previa información.

En el 2003, el Estado peruano reconoció su responsabilidad y asumió compromisos de justicia y reparación, mediante la suscripción de un acuerdo de solución amistosa.

Pese a los compromisos establecidos en diciembre del 2009, el Ministerio Público declaró la prescripción de la denuncia tras ocho años de investigación, con esa decisión el Estado le dijo al país que la impunidad se permite cuando una política pública violenta a las mujeres, "lo que es inadmisible".

La abogada Diana Portal dijo que con ello se estaría librando de responsabilidad a los ex ministros de Salud del régimen fujimorista: Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, Jorge Parra y Alejandro Aguinaga, actual congresista, responsables del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva.

Subrayó que las víctimas están afectadas física y mentalmente;  "ellas no pudieron decidir si querían tener más hijos o no, pues la anticoncepción quirúrgica les fue impuesta de manera violenta o usando la coacción".

10/GTR/LR

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