domingo, 31 de octubre de 2010

Reino Unido :El proyecto de "gran sociedad" de los tories de David Cameron exige que las mujeres ocupen el lugar de las políticas sociales



The Guardian / Sin permiso


El Estado de bienestar fue un legado de la Segunda Guerra Mundial. Tras la miseria de la gran depresión y la masacre que la sucedió, existía una fuerte demanda de cambio. El bienestar de las personas, incluidas las de clase trabajadora, debía ocupar un papel central en las políticas públicas. Millones aspiraban al socialismo. Lo que se consiguió fue el Estado de bienestar. Entre 1951 y 1979 los tories se mostraron cautelosos. Algunos, incluso, abrazaron como propia la influencia civilizadora de los "derechos". Todos los seres humanos tenían derecho a no morir de hambre, al menos en el Reino Unido. Los recortes anunciados ayer por George Osborne pretenden, una vez más, convertir a las fuerzas de mercado en prioridad social y económica absoluta, relegando a las personas y devolviéndonos a los años de privación de entreguerras.
Las asignaciones familiares universales (ahora conocidas como prestación por hijo) supusieron un claro reconocimiento de que las mujeres tenían un papel vital como trabajadoras en la reproducción de la especie. Tras la conquista del sufragio, la feminista Eleanor Rathborne, procedente de una familia anti-esclavista de Liverpool, trabajó de manera incasable para conseguir que se reconociera a madres y niños el derecho a un ingreso independiente al obtenido (o no) por los hombres. Con ello se pretendía reconocer las necesidades de los niños y el trabajo y la autonomía financiera de sus cuidadoras. La asignación familiar permitía reparar la clamorosa injusticia de unas madres condenadas a la miseria y económicamente "desheredadas". Después de todo, madres e hijos, aun no siendo asalariados, constituían la mayoría de la población. Rathborne luchó para que este ingreso fuera universal: toda madre, con independencia de su clase, tenía derecho a que se le pagase por su trabajo de cuidado. Rathborne pensaba que este derecho -no caridad- aseguraría la independencia financiera de las mujeres. Acabó profundamente decepcionada.
A medida que las mujeres se fueron abriendo otras vías para conseguir la independencia económica, el trabajo reproductivo dejó de verse como una prioridad social. Algunas feministas consiguieron sobrevivir bastante bien en el mercado laboral, en un mundo de hombres. Sus madres habían trabajado en la esfera doméstica. Ellas habían conseguido trascenderla. Sus carreras les permitirían costear la ayuda de otras mujeres (mal pagadas) como limpiadoras y cuidadoras de sus niños. Rathborne, en cambio, sabía bien que "un pueblo acostumbrado a medir el valor de las cosas en términos monetarios, pensará indefectiblemente, aunque ello contradiga su evidencia inmediata, que cualquier servicio al que se pone un precio, por más bajo que sea, es más valioso que aquél que se presta a cambio de nada".
El dictum thatcheriano según el cual "la sociedad no existe", y su aversión por "la cultura de los derechos", ha marcado la política social británica desde 1979. Cuando Blair llegó al gobierno, decidió que las madres solteras "no tenían trabajo" y recortó severamente las prestaciones para familias monoparentales. El trabajo de criar a los hijos pasaba a considerarse una pérdida de tiempo. Esta concepción ha marcado la reciente Ley de reforma del bienestar, que abolió el ingreso de apoyo, una prestación que reconocía el trabajo no pagado de las madres. También ha informado algunos aspectos cruciales de la reforma en curso. La laborista Harriet Harman fue la encargada de justificar públicamente los recortes de prestaciones a familias monoparentales. Su compañera partido, Yvette Cooper, la contrarreforma del bienestar ¿con qué autoridad pueden oponerse ahora a los ajustes del Partido conservador?
Como bien se ha señalado, serán las familias con niños las que más sentirán el peso de los ajustes, que no alcanzarán del mismo modo a las familias sin hijos que cuentan con dos ingresos. En realidad, la carga más pesada recaerá sobre las personas responsables de las tareas de cuidado. Y no sólo de los menores, que verán afectada su educación y perderán otras asignaciones, sino también de parientes con discapacidad o de padres jubilados cuyos servicios de atención también acabarán eliminados o subcontratados a trabajadoras y trabajadores pagados con salarios miserables para alcanzar objetivos productivo, no para cuidar de otros.
Muchas madres habían conseguido escapar a la dependencia al obtener empleos como maestras, bibliotecarias y otros trabajos en el sector público. Un 60,3% de los dos millones de madres y padres solteros, por su parte, habían podido salir al mercado laboral (frente a un 44,7% en 1997). Incluso madres que todavía dan el pecho a sus hijos acababan por someterse a entrevistas de trabajo. A resultas de esta realidad, el número de madres que se quedan en casa había alcanzado mínimos históricos, aunque las familias tenían que luchar con denuedo para llegar a fin de mes. Si los recortes las envían de nuevo a casa, ¿qué ocurrirá?
Con sorprendente falta de realismo, las contrarreformas actuales no tienen en cuenta el vínculo entre el destino de madres e hijos y apenas se preocupan por el bienestar de estos últimos. Como bien plantea Jamie Oliver, nadie parece preocuparse por lo que los niños vayan a comer; por el aumento del abandono escolar o por los menores que acabarán convirtiéndose en cuidadores de padres con discapacidades o de sus hermanos, cuando los adultos salgan a trabajar. Sólo la ignorancia del trágico escándalo que supone la pobreza infantil explica que el empobrecimiento creciente al que asistimos no cause la conmoción que debería.
Las políticas de ajuste estructural, esto es, la privatización y los recortes de derechos que devastaron al mundo desarrollado en los años 80 y 90, contaban con que las mujeres se hicieran cargo de una mayor cantidad de trabajo no pagado o se quedaran sin él, incluso si ello suponía morirse de hambre. De manera similar, el proyecto conservador de "gran sociedad" contempla que las mujeres reemplacen unos servicios públicos destruidos, haciéndose cargo de trabajo no pagado. Una vez más, nuestro trabajo como cuidadoras se da por descontado, pero no se hace cuenta alguna para remunerarlo.
Los recortes en marcha descansan en la absurda idea de que las fuerzas de mercado están más allá de todo control humano ¿Qué se ha hecho de la promesa de mayor tiempo libre gracias a los avances tecnológicos que tanto desempleo e inseguridad laboral causaron? Nosotras, en realidad, rechazamos el ethos dominante con arreglo al cual unos padres que destinan su tiempo y una sociedad que destina sus recursos al cuidado, constituyen un lujo inaccesible, mientras los salarios obscenos de los ejecutivos de empresas, sus bonificaciones o la venta de armas están a la orden del día ¿No será hora de defender nuestros intereses como en Francia?
 
Selma James es una veterana activista socialista y feminista nacida en Brooklyn, Nueva York. Es co- autora, junto a Mariarosa Dalla Costa, de la obra clásica sobre trabajo doméstico, Power of Women and the Subversion of the Community, aparecida en 1972, impulsora de la Campaña internacional por la Remuneración del Trabajo Doméstico y coordinadora de la Huelga Mundial de Mujeres.
 
Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3660
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martes, 19 de octubre de 2010

Aborto, moneda electoral en segunda vuelta de Brasil


Por Fabiana Frayssinet

Los señalamientos de que Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que no obtuviese el triunfo en la primera vuelta. / Crédito:Sitio oficial de Dilma Rousseff
Los señalamientos de que Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que no obtuviese el triunfo en la primera vuelta.

Crédito: Sitio oficial de Dilma Rousseff

RÍO DE JANEIRO, oct (IPS) - El aborto se convirtió en un arma "resta votos", del que los dos candidatos huyen en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y que los sectores religiosos más conservadores usan como trueque para fijar su apoyo.

Una situación que no refleja la posición mayoritaria del electorado sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aseguran analistas y representantes del movimiento femenino organizado, que critican que se use el cuerpo de las mujeres de moneda electoral y califican de falso dilema el tema.

La legalización o no del aborto, actualmente castigado en Brasil con penas de prisión de hasta 10 años, protagoniza la agenda para el balotaje del día 31, entre los candidatos Dilma Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Los señalamientos de que Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que la candidata favorita no obtuviese el triunfo en la primera vuelta, el domingo 3. Actualmente la interrupción del embarazo es una práctica ilegal en el país salvo cuando la madre corre peligro de muerte o la gestación es producto de una violación.

Un caudal decisivo de votos migró de Rousseff a Marina Silva, la candidata del Partido Verde que pertenece a la Iglesia Evangélica. La ex ministra de Ambiente del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condena el aborto y defiende la realización de un plebiscito sobre su eventual legalización.

Silva se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta, al obtener 20 por ciento de los sufragios, mientras Rousseff logró 47 por ciento y Serra casi 33 por ciento.

Durante la campaña para la segunda vuelta, Rousseff y Serra se presentan como paladines de una cruzada moralista contra la despenalización del aborto, cuando en el pasado ambos expresaron una posición de apertura al derecho a decidir de las mujeres.

Beatriz Galli, de la no gubernamental Ipas Brasil (filial de una red internacional dedicada a promover los derechos y la salud sexual de las mujeres), se lamentó con IPS de que la discusión se haya reducido "a estar en contra o favor del aborto o en contra o a favor de la vida".

La candidata del PT había defendido antes que había que avanzar hacia la despenalización del aborto, mientras ahora destaca en su página digital que está "personalmente contra el aborto".

Con el respaldo de una foto del reciente bautizo de su primer nieto, plantea que "sería muy extraño que cuando hay una manifestación de vida en el seno de mi familia, (…) yo defienda una posición a favor del aborto".

Rousseff asegura que el aborto inducido es "una violencia contra la mujer", aunque matiza que en su probable gobierno "el Estado brasileño no considerará eso como una cuestión de policía", sino de "salud pública y social".

Serra sigue esa línea. En 1998, como ministro de Salud del precedente gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) contribuyó a reglamentar la práctica del aborto dentro de la salud pública, en los casos de víctimas de violación, pero ahora advierte que su legalización causaría "una carnicería".

Además, apela a eslóganes tales como "un hombre que nunca se involucró en escándalos y siempre fue coherente, condenó el aborto y defendió la vida" o "un hombre de familia", para contraponer su imagen a Rousseff, divorciada y participante durante su juventud en la lucha clandestina contra la dictadura brasileña (1964-1985).

Para Galli se está produciendo "un falso dilema porque la cuestión principal es si el Estado debe criminalizar una cuestión de salud pública colocando la salud y la vida de las mujeres en riesgo porque las obliga a buscar un aborto clandestino".

Estimaciones conservadores del Sistema Único de Salud indican que en Brasil, se producen anualmente al menos un millón y medio de abortos clandestinos. Las complicaciones por la práctica insegura ocasionan 250.000 ingresos a centros públicos de salud cada año, y suponen una de las principales causas de mortalidad materna.

Galli insistió en que no se debe reducir a un enfoque religioso un asunto de derechos humanos de las mujeres.

Un estudio de la antropóloga Débora Diniz, investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, revela que una de cada cinco brasileñas se ha sometido a un aborto antes de los 40 años.

De las mujeres que han abortado, 88 por ciento se declararon religiosas, indica el estudio. Un dato revelador en este país de 192 millones de habitantes, con la mayor cantidad de católicos del mundo y donde los fieles de iglesias evangélicas crecen a ritmo vertiginoso.

"La historia de esas mujeres no puede ser ignorada por la búsqueda desenfrenada de votos de las comunidades religiosas que consideraran el aborto un crimen abominable", dijo Diniz en un artículo.

"El aborto se transformó en una moneda de trueque para ganar votos", agregó, al considerar que las concesiones políticas hechas por los dos candidatos representan "amenazas democráticas" porque comprometen el principio del Estado laico.

Guacira César de Oliveira, directora-fundadora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA), dijo a IPS que existe un análisis tendencioso "que exige de los candidatos un determinado posicionamiento contra el aborto, como si fuese la única posibilidad de ganar la elección".

Oliveira lo atribuye a una "ofensiva conservadora de derecha junto al fundamentalismo religioso", que logró poner al aborto en el centro de la campaña, por encima de otros temas que también habrían obstaculizado el triunfo de Rousseff en la primera vuelta, como la corrupción.

Los analistas mencionan entre esos temas las denuncias de corrupción del gobierno de Lula, del que Rousseff fue, desde su inicio en 2003 y hasta marzo, primero ministra de Energía y Minas y después jefa de gabinete.

Oliveira subrayó que la "satanización electoral" del aborto no refleja la opinión de la mayoría. Recordó que el mayoritario electorado femenino debe recurrir al riesgo de un aborto inseguro "para asegurar su opción de tener hijos cuando quieren y pueden".

"Los úteros de las mujeres no pueden ser la moneda de cambio en estas elecciones", exhortó.

Carmen Silva, educadora del Instituto Feminista para la Democracia "SOS Corpo", coincide en que se trata de una manipulación del "fundamentalismo religioso" que creció en todo el mundo, pero que en Brasil se habría asociado "a los grandes medios, a los políticos de derecha y a los militares con nostalgia de la dictadura militar".

Oliveira y Silva subrayaron que el aborto dejó fuera temas de la agenda de las mujeres, como la participación política, la atención a las víctimas de violencia y la igualdad de oportunidades laborales.

"Con tantas cuestiones cruciales para la democracia y los derechos fundamentales, como la educación, la seguridad pública o la seguridad social, lo curioso es que se apueste a que el nuevo presidente de Brasil sea decidido por su posición sobre el aborto", sintetizó Diniz.(FIN/2010)

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96655

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